Uno de los asuntos más delicados que hoy se debate en medio de esta gravísima crisis que sufrimos los venezolanos, es el tema de nuestra Fuerza Armada Nacional. Antes del régimen chavista los militares gozaban de generalizado prestigio, eran respetados y su trabajo se concentraba en los asuntos institucionales. Sólo la Guardia Nacional, por sus funciones particulares, tenía alguna exposición pública.
Los militares eran institucionalistas. Si se veía a algún oficial en actividades administrativas propias de la función civil, era gracias más a sus méritos personales que por su condición de uniformado. Se cumplía así un mandato constitucional tradicional, no solo en Venezuela, sino en todas las constituciones democráticas del mundo. Este mandato en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está textualmente establecido en los artículos 328, 329 y 330, así:
“Artículo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley. En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna. Sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación. La Fuerza Armada Nacional está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, que funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el cumplimiento de su misión, con un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica”.
El Artículo 329 dice que los componentes de la Fuerza Armada son el Ejército, la Armada y la Aviación y la Guardia Nacional, y establece sus responsabilidades. Y el Artículo 330 dice textualmente: “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”.
Hoy la institución armada está muy lejos del prestigio de antaño y corre con las consecuencias del gran fracaso del régimen. El abandono de los preceptos constitucionales, los frecuentes cambios de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mediante decretos del Presidente de la República, el cambio de nombre y de naturaleza, la adopción de ideologías ajenas a la cultura nacional, la incorporación de componentes como la Milicia Nacional Bolivarianaque fue rechazada por el pueblo venezolano mediante referéndum revocatorio del 2 de diciembre de 2007, ponerse al servicio de esa monserga llamada Socialismo del Siglo XXI y otros muy graves errores estratégicos y legales, pusieron a nuestras fuerzas armadas al servicio de una parcialidad política, hoy rechazada por la enorme mayoría del pueblo venezolano.
Si a esto se le agrega la ocupación de cargos de gobierno por parte de oficiales de alta graduación, la experiencia de enormes fracasos gerenciales y escandalosos casos de corrupción, agravan el panorama. Y más cuando las violaciones de los derechos humanos se extienden y profundizan. Todo en medio de una situación de inseguridad, tanto personal como jurídica, la actuación impune de paramilitares y ahora la aplicación ilegal de la “justicia militar” a los civiles. Al fracaso estrepitoso del régimen lo acompañan -lamentablemente- las fuerzas armadas, un asunto delicado para esa institución y para todos los venezolanos.
"Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. No es el árbitro de las leyes ni del gobierno; es el defensor de la libertad".
